ABOGADOS A SU SERVICIO 

                                                                                                                                                                                                                                                "NO HAY PROBLEMAS,  HAY SOLUCIONES"                                                                                                                       

 
 


 

Derecho de familia


 

El Derecho de Familia está integrado por un conjunto de Normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto a los terceros; por tanto, es objeto del Derecho de familia todo lo relativo a relaciones familiares, alimentos, matrimonio, régimen económico matrimonial, filiación, relaciones paterno filiales, e instituciones tutelares.


 

Por ello, el Derecho de familia está interrelacionado con el Derecho Penal y con el Derecho Patrimonial y de Obligaciones. 


 

El trato humano y la especial sensibilidad hacia los conflictos del Cliente debe de ser y es para PROLEX, uno de los elementos en la resolución del conflicto naciente.


 

El objetivo es conseguir un acuerdo, evitando las secuelas emocionales que un proceso contencioso tiene tanto en la pareja, como en el resto de la familia, principalmente en los hijos; ahora bien, cuando no hay acuerdo entre los cónyuges, las causas de la ruptura pueden ser tantas y varias: infidelidad, violencia doméstica, falta de comunicación, inmadurez, incompatiblidad, abandono, fracaso de las expectativas, diferencias culturales y religiosas, problemas de económicos, y otros; ante ese estado de cosas, la filosofía de PROLEX, si hubiere hijos comunes, es el interés y beneficio de los hijos, y nadie mejor que el Cliente para proponer y buscar la mejor resolución al conflicto interfamiliar, porque después del divorcio hay que seguir siendo padre o madre. 


 

PROLEX no olvida, sino que defiende el derecho de los abuelos paternos y maternos a relacionarse con sus nietos, derecho regulado en el  Artículo 233 12 del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña: "Si los cónyuges proponen un régimen de relaciones personales de sus hijos con los abuelos y con los hermanos mayores de edad que no convivan en el mismo hogar, la autoridad judicial puede aprobarlo, previa audiencia de los interesados y siempre y cuando éstos den su consentimiento." pudiendo reclamar la ejecución si no se cumple el régimen dictado


 

El Derecho de familia está comprendido fundamentalmente en el Código Civil, pero también encontramos normas referentes a la familia en la Constitución, principalmente en los arts. 18, 32, 35.1, 39, 57.4 y 149.1.18; y en numerosas leyes; ahora bien, dado el ámbito territorial donde se ubica el despacho: Cataluña, PROLEX está especializado en Derecho Civil Catalán participando en las prestigiosas Jornades de Dret Català a Tossa, y fomentando el estudio, la formación continua y el conocimiento de la legislación, jurisprudencia y doctrina del Derecho Civil Catalán.


 

Código Civil de Cataluña: Libro Segundo - Persona y Familia


 

Causas de Disolución del matrimonio:


 

1.- Divorcio:

El Divorcio es la disolución del matrimonio debido a la desaparición de la affectio maritalis, es decir, la inexistencia del sentimiento y de vínculo emocional entre los cónyuges, no teniendo que alegar causa alguna, sino que es la simple voluntad de uno de los cónyuges suficiente para que se declare la disolución del matrimonio por divorcio.


 

Existen dos tipos de procedimientos de divorcio: el de mutuo acuerdo y el llamado contencioso, diferentes entre sí, no sólo por el tiempo en que se obtiene el divorcio, sino también por el coste económico (honorarios de abogado y procurador, tasas judiciales, y gastos por intervención de otros profesionales: psicólogo, peritos, etc.).


 

Entre los documentos que se deben aportar para iniciar el procedimiento de divorcio están el certificado de matrimonio y el certificado de nacimiento de los hijos, aunque fueran mayores de edad, otros documentos son: (clicar la imagen)


 


 

2.-  Nulidad matrimonial


 

Es la invalidación de un matrimonio porque en su celebración han existido o se han producido vicios o defectos esenciales que impiden que el mismo pueda surtir efectosLa nulidad matrimonial supone que el matrimonio no ha existido y no puede surtir efectos. Se diferencia del divorcio, por cuanto en este último se disuelve un matrimonio válido por voluntad de uno o ambos cónyuges.


 

Incapacidad Judicial


 

Las personas con discapacidad necesitan de protección para ello el Código Civil de Cataluña ha establecido diversas figuras para la protección de la persona, y así:

La tutela, la curatela, el defensor judicial, la guarda de hecho, la asistencia y la institución de patrimonio protegido, y ello siempre en interés del incapaz y dirigidas al cuidado de su persona , a la administración o defensa de sus bienes e intereses patrimoniales y al ejercicio de sus derechos (Art. 221-1 del Libro II del CCC). PROLEX recomienda que ante una situación personal de incapacidad sea física o psíquica que no pueda gobernarse por sí misma que los familiares (cónyuge, hijos o padres) se pongan en contacto con nuestro despacho (teléfono: 972 33 44 05) para asesorarles debidamente y señalar las pautas a seguir.Por otra parte, la persona mayor de edad con plena capacidad de obrar puede expresar en un documento de voluntades anticipadas las instrucciones para la realización de actos y tratamientos médicos, para el  caso en que se encuentre en una situación en que no pueda decidirlo por ella misma. También puede designar la persona que, en su sustitución, debe recibir la información sobre su salud y decidir sobre la realización de aquellos actos y tratamientos. Dicho documento es redactado por PROLEX y después elevado a público en la Notaría para dar fe de cuanto obra en el mismo. 

 

Requisitos a tener en cuenta en el momento de plantear la proposición de la custodia compartida: La Sala no comparte las razones por las cuales se denegó la guarda y custodia compartida solicitada, ya que esa decisión se fundamentó en las virtudes de cada progenitor en orden a su capacidad y voluntad de ejercer una paternidad responsable, olvidando que lo importante es que el sistema se adapte al menor y a su interés, no al interés de sus padres, y declara como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los arts. 5, 6, 7 y 92 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, y que el régimen de guarda y custodia compartida no tiene por qué considerarse excepcional, siendo posible su adopción cuando sea el más propicio para posibilitar las relaciones de los hijos menores con sus dos progenitores en beneficio de aquéllos.

 

STS de 29 de abril 2013, N. de recurso 2525/2011, N. de Sentencia 257/13 (folio 6: Fundamento de derecho segundo)


La adopción en Cataluña: Notas y peculiaridades


En primer lugar cabe señalar que la adopción es un negocio jurídico familiar de carácter formal en el que rigen las normas sustantivas del Código Civil Catalán, y subsidiariamente las del derecho común (Código Civil).


 

En segundo lugar, y en cuanto al procedimiento de adopción cabe distinguir dos fases o procedimientos:


 

  • PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO en el que  interviene la Administración Pública, para el caso de Cataluña las entidades intervinientes son:  el Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) y l'Institució Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF).

  • PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Por sus PECULIARIDADES haremos referencia y analizaremos el procedimiento Judicial.

La regulación del procedimiento está regulada en el Libro Segundo del Código Civil Catalán (CCC), en los artículos 235-39 a 235-44.

REQUISITOS para poder adoptar:

a) Tener plena capacidad de obrar.

b) Ser mayor de veinticinco años, salvo que se trate de la adopción del hijo del cónyuge o de la pareja estable o de parientes huérfanos, y tener como mínimo catorce años más que la persona adoptada.

La adopción por más de una persona sólo se admite en el caso de los cónyuges o de los miembros de una pareja estable. En estos casos, basta que uno de los adoptantes haya cumplido veinticinco años.


 

Existen una serie de PROHIBICIONES que impiden la adopción, y así:

No pueden adoptar las personas que hayan sido suspendidas o privadas de la potestad o las que hayan sido removidas de un cargo tutelar mientras estén en esta situación.


 

Por otra parte, no pueden ser adoptadas las siguientes personas:

a) Los descendientes.

b) Los hermanos.

c) Los parientes en segundo grado de la línea colateral por afinidad, mientras dura el matrimonio que origina este parentesco.

El CCC distingue entre adopción de menores de edad y adopción de mayores de edad (Artss. 235-32 y 235-33).


 

El PROCEDIMIENTO JUDICIAL que debe seguirse es un proceso de jurisdicción voluntaria regulado en los Artículos 1829 a 1832 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en relación con la disposición derogatoria única apartado 1 excepción primera, párrafo 4 de la LEC vigente, predominando, por tanto, la forma oral sobre la escrita, y aplicándose de forma subsidiaria los trámites procesales que regulan el Juicio Verbal, el cual consagra la oralidad (artículo 443 de la LEC).


 

El JUZGADO COMPETENTE para conocer de la solicitud de adopción es el Juzgado de primera Instancia de la población donde radica el domicilio del adoptante, según dispone el Artículo 63, regla 16 de la LEC de 1881, en vigor de acuerdo con la disposición derogatoria única apartado 1 excepción primera de la LEC vigente.

El CCC establece un régimen diferenciado entre: quiénes deben oídos y escuchados, quiénes deben consentir y quiénes deben asentir, y en cualquier caso, ante la autoridad judicial, y así:


 

  • Deben ser oídos:

a) Los progenitores de los mayores de edad o de los menores emancipados y las personas cuyo asentimiento no es preciso, salvo los que están privados de la potestad parental, la cual debe apreciarse en el propio procedimiento de adopción.


 

b) Los tutores, curadores o guardadores de hecho del adoptado.


 

c) El adoptado menor de doce años, si tiene suficiente juicio.


 

d) Los hijos de los adoptantes, si dichos hijos y adoptantes conviven, y, si procede, los hijos del adoptado, si tienen suficiente juicio y es posible.


 

  • Deben asentir:

 

a) El cónyuge del adoptante, excepto en el caso de separación judicial o de hecho, o la persona con quien el adoptante convive en pareja estable.


 

b) Los progenitores del adoptado, salvo que estén privados legalmente de la potestad o incurran en una causa de privación de ésta, o, en el caso de acogimiento preadoptivo, que la resolución que lo acordó haya devenido firme.


 

Para el caso de que la madre que haya tenido un hijo deben haber transcurrido seis semanas desde el parto para que pueda prestar su asentimiento, con ello se pretende evitar situaciones como las denominadas "madres de alquiler" y los acuerdos para obtener adopciones fuera del círculo normalizado; ahora bien, no es necesario dicho asentimiento para el caso de que la madre esté incursa en causa de privación de la patria potestad, o el menor se hallare en una situación de acogimiento preadoptivo, salvo hubiere interpuesto la progenitora o el progenitor oposición a la resolución administrativa que acuerde el acogimiento (SAP Barcelona sección 18, Sentencia 277/05, de 24 de mayo de 2005, ROJ SAP B 5394/2005).


 

En cuanto el asentimiento que deben prestar las personas que señala el artículo 235-41 del CCC  tiene la naturaleza de "condictio iuris" cuya ausencia puede producir una ineficacia condicionada del negocio adoptivo (TS, Sala de lo Civil, STS 244/20 de abril de 1987, ROJ STS 2751/1987).


 

  • Deben consentir:

 

a) Los adoptantes

b) El adoptado, si ha cumplido los doce años.

En cuanto al consentimiento que deben prestar,  es un requisito esencial del negocio adopcional, cuya ausencia produce la inexistencia del mismo, en virtud de cuanto dispone el artículo 1261 del CC, al ser un requisito esencial del contrato o negocio adopcional.


 

En cualquier caso la adopción tiene que ser constituida por resolución judicial motivada, y siempre teniendo en cuenta el interés del adoptado (artículo 235-39 CCC).