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                                                                                                                        "NO HAY PROBLEMAS,  HAY SOLUCIONES"                                                                                                                       

 
 


 

Extranjería


 

La inmigración constituye hoy un fenómeno universal, Este ius migrandi está formado por el derecho de toda persona a no abandonar el territorio de su Estado porque en él exista un nivel de vida digno, el derecho de toda persona a salir del territorio de un Estado y el derecho a establecerse pacíficamente en el territorio de otro Estado, ese derecho en algunos casos se ha consolidado con la autorizarición de residencia temporal y trabajo, en otros con la permanencia continuada ya sea mínimo de 2 años (arraigo laboral), ya mínimo de 3 años (arraigo social), o familiar, pero ese derecho del extranjero siempre está supeditado al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 4/2011 y el RD 557/2011 (Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social).

  

El derecho de extranjería y las cuestiones sociales y jurídicas suscitadas están interrelacionadas con el Derecho Penal y con el Derecho de familia. Recordemos que la autorización de la residencia temporal se extingue, entre otros motivos, cuando desaparecen las circunstancias que sirvieron de base para su concesión (no carecer de antecedentes penales, no estar dado de alta en la Seguridad Social, cuando se rompe el vínculo conyugal que dio origen a la situación de residencia, por separación de derecho o divorcio, sino cuenta con contrato laboral mínimo de un año, etc.)  


 

Por todo ello, es necesario un análisis y enfoque interdisciplinar del derecho de Extranjería, y así en consonancia con nuestra filosofía, basada en la multiculturalidad, el compromiso y la conciencia social, abordamos la extranjería como una auténtica lucha por los derechos de las personas. Esta perspectiva se traduce en una marcada vocación por nuestro trabajo y en un trato cargado de empatía hacia el Cliente; siempre mediante unos honorarios asequibles y ajustados. 


 

Trámites Administrativos:

 

  • Autorizaciones de residencia y trabajo
  • Asilos
  • Reagrupación familiar
  • Residencia de larga duración
  • Tarjetas de familiar comunitario
  • Tarjetas de estancia por estudios
  • Autorizaciones de regreso
  • Renovación de autorizaciones
  • Modificación de autorizaciones
  • Nacionalidad
  • Expulsiones
  • Asistencias en comisaria
  • Procedimiento Contencioso Administrativo

 

Preguntas y Respuestas


 

¿Cabe la denegación de la renovación del permiso de residencia y trabajo ante un informe desfavorable atendiendo a cuanto dispone el artículo 69.1, e) del Reglamento de Extranjería en relación con los artículos 71 y 202.2 del mismo cuerpo legal?

 

Nuestro más alto Tribunal establece insuficiente como para denegar el permiso solicitado la existencia de sendas diligencias penales, unas archivadas y sobreseídas, pendientes de juicio las otras, que no acreditan la puesta en peligro del orden público, tal y como hoy se debe éste interpretar y así en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2003, Sala 3ª, sección 4ª de 5 de marzo de 2003 (RJ 2003/2627) "Pues bien: este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente en estos últimos tiempos sobre la correcta interpretación del concepto de «orden público» en relación con la denegación de permisos de trabajo y residencia a extranjeros (Sentencias de 8 de febrero de 1999, 4 [RJ 2000, 2458], 14 de marzo [RJ 2000, 3063], 18 de abril [RJ 2000, 3365] y 9 de octubre de 2000 [RJ 2000, 8623], 27 de noviembre de 2002 [RJ 2003, 1059] y 17 de febrero de 2003), huyendo tanto de incluirlo en definiciones preconstitucionales y trasnochadas como de la excesiva laxitud que supone el limitarlo a las conductas más graves y directamente atentatorias contra la tranquilidad pública. En realidad ese concepto jurídico indeterminado se circunscribe al mantenimiento del normal ejercicio de los derechos fundamentales y de la convivencia social, que indudablemente se puede ver alterada por una conducta reiterativa en cualquier tipo de infracciones legales, siquiera éstas no lleguen a revestir el carácter de delitos graves o merezcan una sanción penal. Por sí sola, la comisión de una simple infracción delictiva cuya penalidad prevista no exceda del tope fijado en el apartado d) del artículo 26, no tiene por qué merecer la denegación del permiso de residencia y trabajo, ya que entonces resultaría superflua la prevención contenida en el mismo; pero eso no significa que carezca de relevancia la constancia de una conducta que ponga en riesgo la normal convivencia ciudadana, siempre que por su reiteración o por las circunstancias específicas concurrentes ponga de manifiesto un probable peligro de alteración de ese orden público que se trata de preservar, siquiera desde el punto de vista restringido que ha quedado expuesto, como equivalente al mantenimiento de la «tranquilidad en la calle»." Y es que la detención y las sospechas de haberse cometido un delito sin que haya recaído Sentencia penal condenatoria, no bastan para destruir la presunción de inocencia, encontrándose los extranjeros amparados como los españoles por la garantía que dicha presunción supone, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2004 dictada por la Sala 3ª, sec. 4ª. El que conste un informe policial desfavorable (Artículo 69 RD 557/11), no implica que la existencia de antecedentes sea por si sola motivo de denegación del permiso de residencia; sino que habrá que atender a las demás circunstancias que rodeen el caso concreto.


 

¿Cuál es el concepto de búsqueda activa de empleo que contempla la Administración?

La Administración en la Instrucción DGI/SGRJ/06/2009, en relación con el concepto de búsqueda activa de empleo previsto en el artículo 54 del Reglamento de Extranjería acuerda que "la acreditación se producirá mediante la inscripción del extranjero como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes".


 

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, y en concreto por el llamado arraigo social?

 

  • No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.
  • Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.
  • No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
  • No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.
  • Haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de tres años. Para que este requisito se cumpla, las ausencias de España durante este período no pueden superar los 120 días.
  • Tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) con otros extranjeros residentes o con españoles, o bien, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la Comunidad Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual.

    En caso de que el informe no haya sido emitido en el plazo de 30 días, circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

  • Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador, para un periodo no inferior a un año. La empresa o el empleador deben encontrase inscritos en la Seguridad Social, así como hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

    La empresa también deberá garantizar la actividad continuada, disponer de medios económicos, materiales o personales para hacer frente a su proyecto empresarial y a las obligaciones derivadas del contrato. Si es una persona física deberá acreditar, una vez descontado el pago del salario convenido, el 100% del IPREM si no hay familiares a su cargo (532,51 euros mensuales en este año 2013).

    Si la unidad familiar incluye dos miembros el 200% (1065,02 euros en este año 2013). Si la unidad familiar incluye más de dos personas se deberá sumar a la cantidad anterior el 50 % del IPREM por cada miembro adicional (1065,02+266,26 euros).

    En el sector agrario, se podrán presentar dos contratos con distintos empleadores y concatenados, con una duración mínima cada uno de ellos de seis meses.

    También se admite la presentación de varios contratos en una misma ocupación, trabajando simultáneamente para más de un empleador, todos de duración mínima de un año y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a 30 horas en cómputo global.

    Se podrá eximir la presentación del contrato en el supuesto de que se acredite que se cuenta con medios económicos suficientes o que éstos derivan de una actividad por cuenta propia, y siempre que lo recomiende el informe de integración social que emita la Comunidad Autónoma.